Votar en las elecciones en igualdad y sin discriminación por razón de discapacidad

Luis López Pérez. Servicios Jurídicos de FAAM

El derecho al sufragio activo, es decir el derecho a votar en unas elecciones está previsto en el artículo 23.1 de la Constitución española: “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”. A su vez el artículo 24 de la Constitución española establece la igualdad ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Puestas estas dos normas en sintonía, llegamos a la conclusión de que la discapacidad no debe ser obstáculo ni impedimento para ejercer el derecho democrático al voto. Pero en ocasiones, estas normas básicas se incumplen, para ello se aprobó el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que establece las siguientes normas básicas u obligaciones:

  • Obligación de que los locales sean accesibles y estén bien señalizados (incluidas mesas electorales) quedando debidamente garantizada la privacidad del voto
  • Obligación de Accesibilidad de Itinerarios: por ejemplo: accesos al local electoral.
  • Obligación de las administraciones públicas de proporcionar al elector transporte accesible y gratuito en caso de que no exista transporte público accesible.
  • Obligación de realizar ajustes razonables necesarios por parte de los miembros de las mesas electorales.

Las personas con discapacidad pueden reclamar ante la Junta electoral correspondiente (sea de Zona o Provincial) el incumplimiento de dichas normas, con la finalidad de que ninguna persona, sea cual sea sus circunstancias personales, se vea privado de su derecho a ejercer el voto en los diferentes procesos electorales.